El día seis de diciembre de 2008 presenté en el Congreso de los Diputados una interpelación al Gobierno sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos Gobernados por ANV. En nombre del Ejecutivo me contestó la entonces Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

Los argumentos de la hoy Vicepresidenta Segunda –encargada de las fotos del Palacio Zurbano –, fueron, principalmente, de carácter personal. Vamos, que me afeó la conducta por “intentar sacar réditos”, “hacer ruido”, “actuar de cara a la galería” y “buscar protagonismo”. Y calificó mi petición –utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos gobernados por un partido al que los Tribunales han calificado como organización terrorista– de imprudente.

Quienes jamás han estado en el punto de mira suelen hablar con total desparpajo de “las ventajas” que disfrutan quienes saben lo que es vivir expuestos y perseguidos. Yo estaba acostumbrada a oír tales “acusaciones” de boca de algunos dirigentes del PNV que tenían la desvergüenza de proclamar que presumíamos de vivir con escoltas. Pero nunca lo había escuchado en boca de un Ministro del Gobierno de España. Es por eso que le pregunté si con lo de la galería se refería, quizá, a la galería de tiro…

El debate sobre la cuestión continuó el día dieciséis de diciembre a través de una moción en cuyo debate intervienen todos los Grupos antes de ser sometida a votación. Tuve la oportunidad de explicar que los cuarenta y tres municipios gobernados por la organización terrorista con las siglas ANV pueden ser disueltos inmediatamente mediante un Real Decreto del Gobierno, simplemente aplicando la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente su artículo 61. Les pedí que fueran conscientes de que esta situación (que hoy continúa)  resulta insostenible en términos democráticos.

Les recordé que en 2003, el 10 de marzo, se aprobó una Ley que lleva por nombre “Ley para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales” en cuya exposición de motivos se explicaba con toda claridad el objetivo y el alcance de la misma: “Modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que dispone nuestro sistema político”.

Les expliqué que lo que pedíamos no era que se ilegalizara de forma generalizada a ANV: eso ya lo acababa de hacer el Tribunal Supremo; le pedíamos al Gobierno que utilizara la ley sin atajos, de forma recta, para aquello que estaba prevista, aplicándola sin arbitrariedad y sin cálculo.

Les expliqué que nuestra propuesta no persigue otra cosa que dejar sin armas políticas y económicas a los enemigos de la democracia; y que por eso me habían llegado a preocupar unas declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno (que intervino fuera de la Cámara sobre el debate) en las decía que había que extirpar las células cancerígenas del terrorismo con cuidado de no rozar el pluralismo. Y que precisamente para defender la sociedad plural y democrática es para lo que es necesario utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance; todos, ni uno más pero ni uno menos.

Les recordé que el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local (que se utilizó para disolver el Ayuntamiento de Marbella) le confiere al Gobierno la iniciativa política para actuar y para iniciar el procedimiento que más tarde obtendrá la sanción judicial; y que negarse a hacerlo aludiendo a posibles riesgos de que los tribunales no le den la razón es abdicar de cumplir con sus responsabilidades. Y que esa “cautela,” intencionada políticamente, es la que ha llevado a que cuarenta y tres municipios del País Vasco y Navarra estén gobernados por una organización terrorista.

Les insté a que revisaran el articulado de la ley y se preguntaran si en esos municipios no se dan las circunstancias que la Ley exige para iniciar un procedimiento de disolución: “apoyo tácito o expreso” al terrorismo. ¿Qué más apoyo tácito se puede exigir para actuar que la constatación de que han sido elegidos en la lista de un partido político al que los tribunales (nacionales e internacionales) han considerado que forma parte del entramado de ETA?

La respuesta de los grupos estuvo a la altura de la del Gobierno. El diputado Ridao (ERC) dijo que el desalojo democrático que yo exigía supondría “ilegalizar ideas” y “dejar huérfanos de referente político a una parte no desdeñable del pueblo vasco”  El diputado Hernando (PSOE) dijo que les producía “una aversión democrática total que representante de partidos políticos ilegalizados que no condenan la violencia estén al frente de ayuntamientos en el País Vasco y Navarra”. Dijo también algo sorprendente: que debiéramos estar celebrando que la UE había metido en la lista de organizaciones terroristas al PCTV y a ANV. Y después  repitió eso de que hay que ser leales con las instituciones y la ciudadanía y no traer estos debates a la Cámara…Finalmente anunció que votarían en contra.

El diputado Olabarría (PNV) fue aún más lejos al acusarme de convertir a los miembros de ANV en “conniventes del terrorismo” y de intentar excluir “a uno de los hermanos Karamazov para conseguir réditos políticos en el sentido más bastardo de la expresión”.

El resultado de la votación fue el previsto: conseguí el apoyo del Partido Popular y el resto de la Cámara votó en contra. Pero lo más deprimente es que nadie escuchó los argumentos a favor de disolver los ayuntamientos gobernados por una organización terrorista aplicando una ley vigente; nadie hizo caso porque unos y otros, por una u otra razón, tenían la posición decidida: nada de cerrar las puertas abiertas a ETA, nada de arriesgar posibles futuras alianzas, nada de arriesgarse a no poder constituir gestoras, nada de montar un lío nuevo, nada de asumir que hicimos mal dejándoles entrar… Que cada cual sitúe a los personajes en cada una de estas “disculpas”. Lo cierto es que hace quince meses perdimos una oportunidad de oro de acabar con la impunidad de estos cargos públicos locales que siguen gestionando nuestras vidas con los impuestos que pagan todos los ciudadanos españoles. Y que merced a su posición institucional tienen acceso a información delicada y personal de cientos de miles de ciudadanos que viven en Euskadi y en Navarra.

Ahora que el Gobierno anuncia medidas para evitar que ETA acceda a las instituciones en las elecciones locales del 2011 quiero recordar que falta un año para que eso ocurra; y que durante ese año los terroristas seguirán al frente de cuarenta y tres ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Quiero recordar que sigue en vigor el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local.  Que ese artículo dice que “el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimientos del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de este y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante real decreto podrá proceder a disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.

Estoy encantada del anuncio del Gobierno sobre el futuro marco legal en relación con el terrorismo. Pero le pido más: le pido que actúe inmediatamente con la Ley en la mano y disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Porque no creo que haya un ciudadano en toda España al que le parezca que la gestión de los ayuntamientos gobernados por ANV no sea gravemente dañosa para los intereses generales, además de suponer un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Porque el Art.61 de la mencionada Ley, por si alguien tenía alguna duda, dice en su apartado 2  que “se considerarán gravemente dañosas para los intereses generales, en los términos previstos por el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan, lo justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”.

No sé si cabe menosprecio o humillación mayor que gobernar al grito de ¡Gora ETA!, pedir aplausos para los terroristas o no condenar nunca jamás un atentado. No se tampoco a qué espera el Gobierno para actuar; no se que tiene que ocurrir para que utilicen, de veras, todos los instrumentos que el estado de derecho tiene en su mano  para cerrar las puertas al terror y a sus cómplices.- No se por qué hay que mantener todo un año más a los terroristas en las instituciones.  Y como no entiendo por qué no se hace lo que se debe y puede dentro de la lógica democrática, vuelvo a insistir y vuelvo a pedir al Gobierno que acaba de anunciar que van a ser los campeones del mundo en la lucha contra el terror que lo demuestren ya. Y le pido al Ministro Rubalcaba que ponga en práctica el eslogan que le gusta repetir, ese de “o bombas o votos”. Pues eso: los de las bombas, los que el Supremo y el Constitucional han determinado que son de los de las bombas, a la calle. Y para eso, Ministro, apliquen ustedes el 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, ese artículo que se modificó cuando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo estaba en vigor precisamente para eso: para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Para que los de las bombas no ensucien la democracia y para que los concejales de los partidos que sólo utilizan la palabra vivan más seguros.

¿Lo harán? Tengo pocas esperanzas; pero, en todo caso, nosotros se lo recordaremos cada día; y ojala nadie tenga nunca que arrepentirse por no haber actuado a tiempo.

García Montero debutó el domingo en Público. A tenor de lo que escriben quienes comentan el artículo con el que se estrenó en el diario del tal Roures (más conocido en los círculos como el mecenas de Zapatero),  la llegada de García Montero era muy esperada y estaba siendo largamente anunciada en el periódico al que ha saltado desde las páginas de El País.

Debo confesar que no lo hubiera leído de no ser porque alguien habló del estreno en el Blog de Santiago González y me picó la curiosidad. Recomiendo su lectura; no por su interés literario, que no tiene ninguno; a mí me gusta la poesía de Luis García Montero y jamás hubiera reconocido su estilo en el libelo contra mi persona si no fuera porque él mismo lo firma y le pone foto de posado al lado. Y cuando digo estilo me refiero al literario, porque el personal ni lo conozco ni me interesa.

Se preguntarán ustedes por qué recomiendo su lectura  si no tiene interés como pieza literaria y se dedica a denigrar mi persona. Pues lo recomiendo porque es un síntoma más del pavor que nos han cogido los dos grandes partidos y de cómo espolean contra nosotros a sus voceros. Les explico:

La semana pasada varios medios de comunicación se hicieron eco de la campaña que, al parecer, va a iniciar contra mí Esperanza Aguirre, preocupada según ellos porque  “le vamos a quitar la mayoría absoluta”, llegando  al extremo de relacionar la salida de Guemes con el anunciado descalabro de la Presidenta madrileña del PP y de la Comunidad. Los medios próximos a la izquierda aprovecharon el viaje para catalogarnos como un partido derechista, antinacionalista, españolista, centralista…; y los medios próximos a la derecha se dedicaron a “recordar” que somos abortistas, de izquierdas, anticristianos…

Siempre he pensado que el PSOE maneja mucho mejor que el PP la propaganda y la demoscopia. Por eso me pareció un error mayúsculo que el PP asumiera públicamente lo que conocen a través de las distintas encuestas: que vamos a ser determinantes en distintos lugares de España (no solo en Madrid). Y que unos y otros van a tener que hablar con nosotros de temas  que no están acostumbrados a abordar antes de formar gobiernos y de determinar cómo se gobierna. Este convencimiento me llevó en los últimos días a comentar con algunos compañeros lo acertado de la estrategia de los socialistas, que evitan colocarnos en el foco más de lo imprescindible: aprovechan las noticias que otros generan para intentar descalificarnos pero procuran no impulsar ellos mismos el debate sobre UPyD o sobre mi persona.

Por eso me resulta llamativo lo de Montero/Público. La casa del mecenas de Zapatero debe tener encuestas muy buenas para nosotros cuando rompe la regla sagrada de no dedicarnos su atención, nada menos que con el articulo debut de la nueva estrella del periodismo rojera. Mira que son flojos estos chicos de la progresía pija. Se ve que les falta un hervor, que se calientan en seguida. No entiendo cómo pueden perder los nervios tan fácilmente; y comprendo menos aun como cae en tal debilidad y tal desatino el poeta comunista que ha sabido mantener el temple y seguir defendiendo contra viento y marea que el régimen castrista es eje y guía de las libertades de América Latina. Un hombre tan entero, tan integro en sus convicciones, tan insobornable en la defensa de la dictadura de los hermanos Castro, contratado en España por el régimen Roures/Zapatero  para denigrar a una opción política comprometida y empeñada en terminar con el bipartidismo obligatorio… Da pena ver a alguien capaz de escribir hermosos poemas utilizando ataques personales en vez de argumentos…

A esto, (a que Público contrate poetas para escribir libelos), se le llama ENCUESTAS. También tiene otros nombres, pero eso me obligaría a hablar de los personajes; y, francamente, no merece la pena. Pero déjenme que les haga una confesión: estuve a punto de entrar en Publico — con mi nombre y apellido– para puntualizar el relato que hace  García Montero sobre mi persona en relación con su afirmación de que en el País Vasco no me quieren. No lo hice: tenía que poner el arroz con almejas. Pero ahora que me pongo a escribir el blog se me ocurre que quizá convendría que alguien le recordara a ese señor que se si trata de “cariño político”, está confundido: a UPyD le quieren en Euskadi, entramos a la primera en el Parlamento Vasco.  Y si se trata de cariño personal hacia mí, (que pereza lo de esta seudo-izquierda que ha abrazado la doctrina nacionalista y hasta los sentimientos adquieren categoría política), pues ganas me dan de decirle a García Montero lo que un amigo me ha enviado con un sms: “Dile a ese tipo que muchos vascos te queremos mucho; y que unos pocos te quieren tan poco que llevas dieciocho años con escolta y hasta te mandaron un paquete explosivo a casa…”. Pero esto tampoco merece la pena; sería  como dar de comer flores a los cerdos: un despilfarro.

Todo transcurrió según lo previsto en la Subcomisión que analiza la posible Reforma de la Ley Electoral: el PSOE y el PP volvieron a demostrar que entre ellos mantienen un pacto férreo que funciona para todas las cosas importantes. El Pacto de Estado vigente entre el PP y el PSOE tiene, como les digo, una salud de hierro. Y un objetivo que une más que cualquier ideología: garantizarse la  alternativa en el poder aunque sea a costa de cargarse la igualdad de los españoles ante la ley, la solidaridad, la cohesión, la competitividad del país o cualquier otra cosa que se nos pueda ocurrir.

Lo importante para el PSOE y para el PP es que quede claro quien manda; y que el poder sólo les corresponde a ellos dos. Luego hay que mantener sobrerrepresentados a los votantes nacionalistas para asegurarse que si no hay mayoría absoluta el mercadeo funcionará correctamente. Se trata de tener partidos en el hemiciclo que estén dispuestos a subastar sus votos y venderse al mejor postor. Y eso, como se acaba de ver con el último debate sobre la subida del IVA, siempre está garantizado con los nacionalistas, sean canarios, gallegos, vascos o catalanes.

El PSOE y el PP han desoído el informe del Consejo de Estado que aconsejaba varias fórmulas posibles para incrementar la proporcionalidad y garantizar la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Con la disculpa de la austeridad, han rechazado ampliar hasta cuatrocientos el número de diputados; tienen la desvergüenza de hablar de austeridad quienes multiplican el número de empresas públicas sin contenido, y sin control publico ninguno; quienes multiplican por diecisiete cualquier institución o servicio, condenados todos ellos al despilfarro y la ineficacia; quienes no controlan las cuentas públicas, ni persiguen el fraude fiscal; quienes montan diecisiete tribunales de justicia, diecisiete administraciones sanitarias, diecisiete administraciones educativas, varios centros meteorológicos, embajadas en el exterior de cada una de las CCAA…No sigo, porque me asquea  hacer el listado de despilfarro y desvergüenza. Y no tengo tiempo para relatar todos los agujeros por los que se nos va a raudales el dinero de todos. Y estos hipócritas dicen que es un gesto de austeridad no ampliar a cuatrocientos el número de diputados…

Pero el número de diputados era sólo una de las recomendaciones. Las otras, todas ellas sustanciales para garantizar una mayor proporcionalidad, también han sido rechazadas. No costaba un euro más utilizar un sistema menos sesgado, más proporcional y por tanto más justo que el d’hont; ni costaba un euro más modificar el mínimo por circunscripción; o elegir a una parte de de los diputados en lista nacional. El precio de un sistema más justo es que se acabarían los privilegios y la discriminación de que se benefician fundamentalmente el PSOE y el PP y en segundo lugar las fuerzas nacionalistas.  Ambos partidos –que han dejado de ser nacionales hace demasiado tiempo– se sienten cómodos teniendo  en el Congreso de los Diputados  a unas  fuerzas nacionalistas con las que seguir pasteleando la igualdad de todos los españoles a cambio de un puñado de votos.

Ambos partidos, –tanto monta, monta tanto PSOE como PP–, desprecian la igualdad de los españoles ante la ley. Por eso mantienen una ley electoral injusta y obsoleta, diseñada a principios de la transición para garantizar el bipartidismo. Ambos partidos actúan con una desvergüenza tan absoluta que ni se les ocurre pensar que con esta actitud, que aleja cada vez más a la ciudadanía de la política y de los partidos políticos, se están cargando el sistema. ¿Cómo van los ciudadanos a recuperar la confianza en los políticos si saben que los diputados no pintan nada y sólo le deben obediencia al aparato de su partido? O cambiamos la ley electoral para garantizar que cada voto valga lo mismo al margen de la parte de España en que se emita o la opción política a la que apoye, o el desapego entre ciudadanía llegará a una situación insostenible en términos democráticos.

Nada de esto va a cambiar hasta que no haya un partido que condicione el apoyo a un candidato o a un Gobierno a la reforma de la Ley Electoral. Porque una ley perversa en términos democráticos es la que pervierte todo el sistema. Aunque no fuera más que para eso, para garantizar una ley justa que devuelva a los ciudadanos el control sobre la política y sobre los partidos políticos, que regenere la democracia, hemos de ser claves en la política nacional. Antes de que todo se nos vaya por la fregadera.

Y a estos políticos del PSOE y del PP, que aparentan estar tan alejados y están tan unidos para todo lo fundamental, para que nada cambie, hay que decirles que les tenemos calados, que se parecen como una visa y una master card. Que no tienen arreglo ni vergüenza. Y que no nos merecen ningún respeto.

Aprendimos, porque vivimos toda nuestra vida en tierra hostil, a unirnos para defender lo pre-político, las grandes cuestiones, los valores indiscutibles e innegociables que son consustanciales con las sociedades libres y tolerantes.

Aprendimos en los años del plomo que  sólo puede haber una raya que nos separe: a un lado los demócratas, al otro los enemigos de la democracia.

Aprendimos que en el lado de los demócratas estamos todos: los que se proclaman de derechas, los que se proclaman de izquierdas, los que no se proclaman de nada, los que se proclaman nacionalistas, los que se proclaman independentistas, los que se proclaman liberales…

Aprendimos que en el lado de los enemigos de la democracia están todos los que quieren destruir la sociedad libre y plural: los que amenazan; los que no respetan la libertad de expresión; los que no respetan la libertad ideológica; los que no respetan la libertad de cátedra; los que no respetan la libertad de pensamiento; los que matan a quienes no se someten; los totalitarios; los que asesinan a los defensores de la democracia.

En el lado de lo enemigos de la democracia, escondidos tras las hordas, están también los cómplices de los que no nos dejan pasear por nuestras calles sin escoltas; están los que escriben artículos o columnas relativizando la gravedad de las agresiones contra las personas que defienden el orden constitucional; están también los que escriben o pontifican a través de las ondas comparando a las víctimas con los verdugos; están también los que desde los medios de comunicación culpan a las víctimas por las agresiones sufridas; están también los que callan, los que miran para otra parte, los que acompañan con su silencio a los malhechores.

Aprendimos que para defender la democracia y el respeto a los derechos fundamentales hay que ejercerlos sin miedo y sin prevención.

Aprendimos que nunca hay que abandonar el espacio público: si los enemigos de la democracia consiguen que desistamos, habrán ganado la batalla al Estado de Derecho.

Aprendimos que hay que salir juntos a la calle a defender lo que nos une.

Aprendimos que quienes no nos hemos preguntado por la ideología del que caminaba a nuestro lado llorando por una persona asesinada somos capaces de luchar juntos por construir una democracia que merezca tal nombre con mayúsculas.

Nosotros los demócratas tenemos que demostrar que no hemos olvidado ninguna de estas enseñanzas. Nosotros los demócratas hemos de juramentarnos para que nunca vuelvan a producirse con impunidad y/o propaganda actos como el que protagonizó una banda de facinerosos y totalitarios el día cinco de marzo en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Nosotros los demócratas tenemos que ocupar ese espacio público de las Universidades, vedado demasiadas veces a la inteligencia y a la libertad de expresión.

Nosotros los demócratas debemos desarrollar un plan de presencia en todas las Facultades en las que campan por sus anchas los intolerantes, los que tienen miedo a las ideas, los que se amparan en la ideología para perseguir violentamente a quienes no se someten al pensamiento único, los que han sido educados en el odio al que piensa diferente o sencillamente al que piensa libremente.

Si España fuera un país menos cainita, con mayor cuajo democrático, ya nos habríamos puesto de acuerdo para que cada semana del año, en cualquier universidad española, un político de cualquier fuerza democrática, ocupara la tribuna para hablar,  escuchar y debatir.

Pero es evidente que aún no hemos entendido que cada vez que en una universidad se le impide hablar a alguien que quiere expresar y debatir sobre ideas se está atacando al principio básico de la democracia y no al nombre o la sigla que acompaña a esa persona.  En la escena política hay quienes prefieren no darse por aludidos y escurren el bulto y miran para otro lado tras las consiguientes muestras de solidaridad humana.

En la escena periodística, de los prescriptores de opinión, hay quien prefiere titular con sorna y desvergüenza sobre cómo “le cantan las cuarenta” a una persona agredida e insultada; hay quien prefiere escribir sobre lo que electoralmente gana la víctima por serlo, por estar “a la contra”, mientras optan por estar bien arropados entre los victimarios: no vaya a ser que consiga tanta rentabilidad por estar “a la contra” que les echen del periódico en el que escriben….

Quiero decirles que todo esto me resulta conocido. Hemos soportado durante mucho tiempo que llamaran provocadores a quienes salíamos a defender las libertades en el País Vasco. Hemos leído muchos artículos, pretendidamente comprensivos con nosotros, que terminaban aconsejándonos que nos calláramos para no provocar las iras de los terroristas y de sus amigos. Afortunadamente para todos –también para los pusilánimes y para quienes nos aconsejaban que nos adaptáramos al clima de terror y al nacionalismo obligatorio–nunca consiguieron taparnos la boca, nunca consiguieron que desistiéramos.

Tampoco vamos a desistir ahora ante este nuevo fascismo protagonizado por jóvenes universitarios educados en el odio y sostenidos por el discurso antipedagógico de algunos políticos, de algunos educadores y de algunos prescriptores de opinión. No vamos a renunciar a ir a las universidades a dialogar con los que serán los dirigentes del futuro. No vamos a abandonar el espacio público de forma preventiva jamás; no nos van a frenar ni los insultos, ni las incomodidades, ni las amenazas, ni los libelos periodísticos. No vamos a dar tregua a los intolerantes; vamos a exigir a los poderes públicos que actúen para acabar con la impunidad de quienes atacan principios básicos del Estado de Derecho.

Fue en la Autónoma de Barcelona, durante la tregua de Lizarra, donde Otegui impartió una conferencia multitudinaria. Eran aquellos tiempos en los que los medios de comunicación y la clase política en general habían convertido a Otegui en el héroe de la resistencia, en el salvador de la democracia en el País Vasco. Un estudiante le preguntó si él creía que en Euskadi saldría adelante un referéndum a favor de la independencia. Otegui contestó que no era viable; que para que eso fuera posible “sobraban quinientos mil”. Matar a quinientos mil es imposible en un País de la Unión Europea; pero excluirnos, hacer desaparecer del espacio público a muchos más de quinientos mil resulta fácil de conseguir. Es tan sencillo de conseguir que valdría  con que desistiéramos, con que nos acomodáramos, con que olvidáramos todo lo que hemos aprendido a lo largo de toda una vida de resistencia democrática.

Aviso para navegantes: nadie nos a  echar de ningún espacio público de nuestro país. Vamos a estar en todos los lugares de España donde haya una sola persona que nos quiera escuchar, especialmente en aquellos foros en los que los enemigos de las libertades no dejan que suene otra voz que la suya propia. Ojala otros nos acompañen en este compromiso cívico de pedagogía democrática. Pero, en todo caso, nosotros vamos a estar. No nos va a meter en casa nadie; nadie nos va amedrentar. No seremos nunca neutrales; y siempre tendremos claro en que parte de la raya hay que estar; y en qué parte están los demás. Que cada cual asuma las consecuencias.

¿Qué está pasando para que no sea posible hablar en una universidad española sin estar rodeada de policías?

¿Qué está pasando para que las graves y violentas agresiones contra la integridad y la seguridad de conferenciantes, acompañantes, profesores y decano de la Universidad y agentes de seguridad sean catalogadas por diversos medios de comunicación nacionales, entre ellos el periódico de mayor difusión, como “intentos de boicot”?

¿Qué está pasando para que “Público, ” el periódico creado para sustituir a” El Socialista” y convertirse en el medio de propaganda del Gobierno de José Luís Rodríguez Zapatero mantenga en portada durante todo el viernes el siguiente titular: “La Autónoma de Barcelona le canta las cuarenta a Rosa Díez? “

¿Qué está pasando para que actos de tal violencia como los vividos en Barcelona se salden con cero detenidos?

¿Qué está pasando en nuestro país para que  hayamos permitido que una banda de totalitarios enemigos de la democracia controlen las facultades de políticas de las universidades españolas?

Lo que hicimos en Barcelona fue un acto de reafirmación democrática. Pero hay demasiado cainismo en nuestro país como para que así se reconozca, para que otros sigan el ejemplo, para que pasen por encima el hecho de fuimos mi persona y nuestro partido los que nos negamos a ceder el espacio público a los enemigos de la pluralidad y de la democracia. Hay demasiado  cálculo partidario como para esperar una respuesta unánime de todas las fuerzas políticas y una exigencia de respeto y de asunción de responsabilidades.

No podemos aceptar como normal un comportamiento que no lo es. El hecho de que grupos de  estudiantes totalitarios y liberticidas lleven años atacando a personas de distintas ideologías no debe llevarnos a relativizar lo que está ocurriendo: esto es s lo que refleja la verdadera dimensión y gravedad del problema. Amigos, todo esto es muchísimo más grave que lo que parece. O nos conjuramos para defender la libertad de expresión y proteger la democracia día a día y desde cada lugar en el que estemos o nada bueno les espera a nuestros hijos. Y no hemos hecho la democracia para esto.