El día seis de diciembre de 2008 presenté en el Congreso de los Diputados una interpelación al Gobierno sobre la necesidad de utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos Gobernados por ANV. En nombre del Ejecutivo me contestó la entonces Ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado.
Los argumentos de la hoy Vicepresidenta Segunda –encargada de las fotos del Palacio Zurbano –, fueron, principalmente, de carácter personal. Vamos, que me afeó la conducta por “intentar sacar réditos”, “hacer ruido”, “actuar de cara a la galería” y “buscar protagonismo”. Y calificó mi petición –utilizar todos los instrumentos del Estado de Derecho para disolver los Ayuntamientos gobernados por un partido al que los Tribunales han calificado como organización terrorista– de imprudente.
Quienes jamás han estado en el punto de mira suelen hablar con total desparpajo de “las ventajas” que disfrutan quienes saben lo que es vivir expuestos y perseguidos. Yo estaba acostumbrada a oír tales “acusaciones” de boca de algunos dirigentes del PNV que tenían la desvergüenza de proclamar que presumíamos de vivir con escoltas. Pero nunca lo había escuchado en boca de un Ministro del Gobierno de España. Es por eso que le pregunté si con lo de la galería se refería, quizá, a la galería de tiro…
El debate sobre la cuestión continuó el día dieciséis de diciembre a través de una moción en cuyo debate intervienen todos los Grupos antes de ser sometida a votación. Tuve la oportunidad de explicar que los cuarenta y tres municipios gobernados por la organización terrorista con las siglas ANV pueden ser disueltos inmediatamente mediante un Real Decreto del Gobierno, simplemente aplicando la Ley de Bases de Régimen Local, concretamente su artículo 61. Les pedí que fueran conscientes de que esta situación (que hoy continúa) resulta insostenible en términos democráticos.
Les recordé que en 2003, el 10 de marzo, se aprobó una Ley que lleva por nombre “Ley para la garantía de la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales” en cuya exposición de motivos se explicaba con toda claridad el objetivo y el alcance de la misma: “Modificar determinadas normas de nuestro ordenamiento jurídico, de manera que se permita hacer realidad la decisión de aislar a los terroristas, garantizando una mayor eficacia en el uso de los recursos de los que dispone nuestro sistema político”.
Les expliqué que lo que pedíamos no era que se ilegalizara de forma generalizada a ANV: eso ya lo acababa de hacer el Tribunal Supremo; le pedíamos al Gobierno que utilizara la ley sin atajos, de forma recta, para aquello que estaba prevista, aplicándola sin arbitrariedad y sin cálculo.
Les expliqué que nuestra propuesta no persigue otra cosa que dejar sin armas políticas y económicas a los enemigos de la democracia; y que por eso me habían llegado a preocupar unas declaraciones realizadas por el Presidente del Gobierno (que intervino fuera de la Cámara sobre el debate) en las decía que había que extirpar las células cancerígenas del terrorismo con cuidado de no rozar el pluralismo. Y que precisamente para defender la sociedad plural y democrática es para lo que es necesario utilizar todos los instrumentos legales a nuestro alcance; todos, ni uno más pero ni uno menos.
Les recordé que el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local (que se utilizó para disolver el Ayuntamiento de Marbella) le confiere al Gobierno la iniciativa política para actuar y para iniciar el procedimiento que más tarde obtendrá la sanción judicial; y que negarse a hacerlo aludiendo a posibles riesgos de que los tribunales no le den la razón es abdicar de cumplir con sus responsabilidades. Y que esa “cautela,” intencionada políticamente, es la que ha llevado a que cuarenta y tres municipios del País Vasco y Navarra estén gobernados por una organización terrorista.
Les insté a que revisaran el articulado de la ley y se preguntaran si en esos municipios no se dan las circunstancias que la Ley exige para iniciar un procedimiento de disolución: “apoyo tácito o expreso” al terrorismo. ¿Qué más apoyo tácito se puede exigir para actuar que la constatación de que han sido elegidos en la lista de un partido político al que los tribunales (nacionales e internacionales) han considerado que forma parte del entramado de ETA?
La respuesta de los grupos estuvo a la altura de la del Gobierno. El diputado Ridao (ERC) dijo que el desalojo democrático que yo exigía supondría “ilegalizar ideas” y “dejar huérfanos de referente político a una parte no desdeñable del pueblo vasco” El diputado Hernando (PSOE) dijo que les producía “una aversión democrática total que representante de partidos políticos ilegalizados que no condenan la violencia estén al frente de ayuntamientos en el País Vasco y Navarra”. Dijo también algo sorprendente: que debiéramos estar celebrando que la UE había metido en la lista de organizaciones terroristas al PCTV y a ANV. Y después repitió eso de que hay que ser leales con las instituciones y la ciudadanía y no traer estos debates a la Cámara…Finalmente anunció que votarían en contra.
El diputado Olabarría (PNV) fue aún más lejos al acusarme de convertir a los miembros de ANV en “conniventes del terrorismo” y de intentar excluir “a uno de los hermanos Karamazov para conseguir réditos políticos en el sentido más bastardo de la expresión”.
El resultado de la votación fue el previsto: conseguí el apoyo del Partido Popular y el resto de la Cámara votó en contra. Pero lo más deprimente es que nadie escuchó los argumentos a favor de disolver los ayuntamientos gobernados por una organización terrorista aplicando una ley vigente; nadie hizo caso porque unos y otros, por una u otra razón, tenían la posición decidida: nada de cerrar las puertas abiertas a ETA, nada de arriesgar posibles futuras alianzas, nada de arriesgarse a no poder constituir gestoras, nada de montar un lío nuevo, nada de asumir que hicimos mal dejándoles entrar… Que cada cual sitúe a los personajes en cada una de estas “disculpas”. Lo cierto es que hace quince meses perdimos una oportunidad de oro de acabar con la impunidad de estos cargos públicos locales que siguen gestionando nuestras vidas con los impuestos que pagan todos los ciudadanos españoles. Y que merced a su posición institucional tienen acceso a información delicada y personal de cientos de miles de ciudadanos que viven en Euskadi y en Navarra.
Ahora que el Gobierno anuncia medidas para evitar que ETA acceda a las instituciones en las elecciones locales del 2011 quiero recordar que falta un año para que eso ocurra; y que durante ese año los terroristas seguirán al frente de cuarenta y tres ayuntamientos del País Vasco y Navarra. Quiero recordar que sigue en vigor el artículo 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local. Que ese artículo dice que “el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con conocimientos del Consejo de Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente o a solicitud de este y en todo caso previo acuerdo favorable del Senado, podrá proceder mediante real decreto podrá proceder a disolver los órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente dañosa para los intereses generales, que suponga incumplimiento de sus obligaciones constitucionales”.
Estoy encantada del anuncio del Gobierno sobre el futuro marco legal en relación con el terrorismo. Pero le pido más: le pido que actúe inmediatamente con la Ley en la mano y disuelva los ayuntamientos gobernados por ANV. Porque no creo que haya un ciudadano en toda España al que le parezca que la gestión de los ayuntamientos gobernados por ANV no sea gravemente dañosa para los intereses generales, además de suponer un incumplimiento de sus obligaciones constitucionales. Porque el Art.61 de la mencionada Ley, por si alguien tenía alguna duda, dice en su apartado 2 que “se considerarán gravemente dañosas para los intereses generales, en los términos previstos por el apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las corporaciones locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave al terrorismo o a quienes participan en su ejecución, lo enaltezcan, lo justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares”.
No sé si cabe menosprecio o humillación mayor que gobernar al grito de ¡Gora ETA!, pedir aplausos para los terroristas o no condenar nunca jamás un atentado. No se tampoco a qué espera el Gobierno para actuar; no se que tiene que ocurrir para que utilicen, de veras, todos los instrumentos que el estado de derecho tiene en su mano para cerrar las puertas al terror y a sus cómplices.- No se por qué hay que mantener todo un año más a los terroristas en las instituciones. Y como no entiendo por qué no se hace lo que se debe y puede dentro de la lógica democrática, vuelvo a insistir y vuelvo a pedir al Gobierno que acaba de anunciar que van a ser los campeones del mundo en la lucha contra el terror que lo demuestren ya. Y le pido al Ministro Rubalcaba que ponga en práctica el eslogan que le gusta repetir, ese de “o bombas o votos”. Pues eso: los de las bombas, los que el Supremo y el Constitucional han determinado que son de los de las bombas, a la calle. Y para eso, Ministro, apliquen ustedes el 61.2 de la Ley de Bases de Régimen Local, ese artículo que se modificó cuando el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo estaba en vigor precisamente para eso: para garantizar la democracia en los ayuntamientos y la seguridad de los concejales. Para que los de las bombas no ensucien la democracia y para que los concejales de los partidos que sólo utilizan la palabra vivan más seguros.
¿Lo harán? Tengo pocas esperanzas; pero, en todo caso, nosotros se lo recordaremos cada día; y ojala nadie tenga nunca que arrepentirse por no haber actuado a tiempo.
Señora, completamente de acuerdo, estamos hartos de las zarandajas de ZP, que no ve más allá de lo que le interesa, los votos para mantenerse en la poltrona a costa de lo que sea, a costa de vender parcelas de poder a los nacionalismos, a costa de nuestro dinero, a costa de potenciar a ETA con sus secretas maniobras…
LA TRAMPA
Me asombra cómo una pareja de chamarileros y doctores en la ciencia del embuste como Zapatero y Rubalcaba pueden engañar una y otra vez a la mayoría de los ciudadanos con sus triles.
No lo puedo entender, ambos nos han mentido una vez tras otra, y especialmente en el tema de la negociación con ETA. Nos vuelven a embaucar, y no hay nadie prácticamente que se dé cuenta del engaño.
1. A pesar de que lo nieguen con cara de niños muy enfadados, es cierto que Zapatero por personas interpuestas está negociando con ETA, es decir, está negociando la futura negociación. Sabemos por la prensa que tanto ETA como enviados de ZP han hablado con la ‘alcahueta’ del terrorismo, la famosa fundación Henry Dunant que ‘tan brillantemente’ garantizó la pasada negociación (Barajas dinamitado y dos muertos). Y sabemos que socialistas vascos de segunda fila se han reunido con miembros del aparato político de ETA (podemos llamarles batasunos).
2. La reforma de la LOREG que hoy todo el mundo alaba y dogmatiza que prohibirá que los etarras se cuelen en las elecciones y que incluso se puedan destituir una vez electos, tiene una trampa mortal: es para organizaciones antes o después ilegalizadas. Pero todo el mundo debería saber que el plan de ETA es presentarse a las elecciones del 2011 en las listas de EA bajo el nombre de Independentistak. O sea, bajo una organización legal y no ilegalizable.
¿Cómo puede ser la ciudadanía española tan cándida, tan ingenua? Y lo que es peor: ¿cómo pueden ser los medios de comunicación tan torpes, tan lerdos? ¿Y los partidos políticos, hay alguno que lo denuncie?
Mi conclusión: tenemos el gobierno que nos merecemos. Los españoles padecemos de cretinismo y no tenemos remedio. (Lo siento)
Salud y libertad, ciudadanos
La Cataluña ilustrada
[...] Cómo echar de los ayuntamientos a los enemigos dela democracia [ rosadiez.net ] [...]
Estimada Rosa
¿ Por que cuando se trata de aprobar una ley de marcado caracter social, se le da publicidad a bombo y platillo, comparecen 3 o 4 ministros, y se tramita rapidamente ?….. ( todo ello con un “tufo” electoralista-populista )……. y sin embargo cuando se trata de algo tan importante como……DEJAR FUERA DE LOS AYUNTAMIENTOS A LOS ASESINOS….. ( LOREG )….ESTATUTOS DE AUTONOMIA ( El de cataluña en particular…donde esta en juego nada mas y nada menos que la organizacion territorial del Estado y la distribucion competencial )…..¿ Por que estas cuestiones se meten en un cajon y se intenta que pase el tiempo? ….. ( mirando la agenda para ver que elecciones toca por si interesa sacarlo ahora o despues…o cuando convenga )…
Esta muy clara la forma de gobernar de este gobierno……..prioridades:
1. Ganar siempre….donde sea y como sea……..sin importarle los principios y lo que realmente importa para los ciudadanos.
2. Publicidad y Propaganda…… anunciarlo todo magnificandolo y exagerandolo en exceso …..para que solo nos fijemos en los “efectos especiales”… y no en el contenido del argumento y de lo que se trata…..etc
3. Inteligencia, Contrainteligencia, Desestabilizacion de la “peña”, y tanteo del personal……. enviar mensajes y “”globos sonda” a la opinion publica….para valorar lo que piensa el electorado, sin ningun tipo de prevision ni linea definida de actuacion…. IMPROVISAR A TODA COSTA EN FUNCION DE LAS SENSIBILIDADES……
Utilizare una frase de Felipe Gonzalez en el congreso socialista refiriendose a la justicia……
“…CON ESTE GANAO QUE TENEMOS….. ”
Po Felipe “mi arma”…….la cuadrilla que tenemos pa dirigir el pais……..es pa tira cohete!!!
Un Saludo
Buenos días Rosa,
Te escribo, no sólo para tratar el tema de ETA, sino también para felicitaros por vuestras excelentes propuestas que estais haciendo en varios temas políticos.
Respecto a ETA y su entorno, nada que añadir, sois el unico partido que tiene la determinación de acabar con ellos. Me parece increible que en España, en el 2010, aun sigan existiendo, y eso se ha debido unicamente a la debilidad y “el mirar hacia otro lado” de nuestros gobernantes.
Os felicito por vuestras propuestas de economía, energía, por querer acabar con los 17 reinos de taifas, por querer simplificar la maraña de contratos de trabajo y otras trabas burocraticas, y es que hoy en día españa esta paralizada por la burocracia y leyes inutiles.
Os felicito por vuestras recientes propuestas en materia de Igualdad, sois los unicos con sentido común. Y es que tras 5 años de tonteria socialista y ministerio de “igualdad” hay mas violencia de genero que nunca, hay mas denuncias falsas que nunca y tenemos incluso leyes donde las penas son diferentes segun hayas nacido hombre o mujer, ¡¡¡vaya igualdad!!!
Por supuesto os felicito por vuestra lucha por regenerar la democracia y que un voto valga lo mismo independientemente de donde se vote y de a quien se vote. Los dos grandes partidos, en su lucha por mantener su cota de poder, muestran hasta que punto se han degradado y han perdido el respeto a la democracia y a los ciudadanos.
Seguid así, España os necesita! un abrazo
Se puede decir más alto, pero no más claro !!!
43 Ayuntamientos permanecerán “secuestrados” hasta el día de las elecciones y a los adalides del Estado de Derecho (con sentencia favorable del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) parece importarles un bledo!
Espero que paguen factura electoral !
El quiz de la cuestión: ¿ quién la cobrará ?
Está pasando desde que UPyD apareción en el panorama politico español. Se le copian sus mensajes haciendolos pasar por propios. Claro lo que importa es que se hagan las cosas y si para ello hay que decirlas para que cuando pase un tiempo se lleven a la práctica, bueno. Pero salta a la vista donde está el original y la decisión de hacer cosas buenas y positivas y éso tarde o temprano los ciudadanos lo verán.
Querida Rosa, apoyo lo que dice, usted ha sido de los pocos que ha condenado sin paliativos la lucha contra el terrorismo, usted junto con Mayor Oreja lo tienen claro, sin embargo Rajoy, Rubalcaba y ZP no lo tienen todavía muy claro o muestran ambigüedades en sus discursos.
Yo si me creo las palabras de Mayor Oreja, en el sentido de que existen indicios de negociación entre Gobierno y ETA. El Gobierno ya nos ha mentido y nos seguirá mientiendo. Usted y quien tenga las ideas claras en el PP, tienen que frenar al Gobierno.
Un saludo desde Cartagena.
Quizá no sea el sitio, pero no me resigno a transcribir una carta que envié a El País el 29 de marzo y que no fue publicada. Quede aquí como testimonio:
“LO QUE LES UNE
Lo que les une, como dice Rosa Díez, es lo mismo que lo que nos separa. Después de un riguroso análisis acerca de su propuesta de reforma de la Ley Electoral (LOREG) y del informe del Consejo de Estado, concluye: “Más claro, agua”. Y yo agrego, sí, más claro agua, pero algunos necesitan lejía para desatascar tuberías, cañerías o enchufes ¿democráticos?. Para consolidar este tapón que tiene claras concomitancias con la desigualdad sí se han puesto de acuerdo, acuerdos lejanos para asuntos de envergadura y urgentes. Una muestra de higiene política reclamamos ya muchos. Pero si ese 23-F le resultó un tanto aciago en el Parlamento, más desagradable fue el trato que le “dispensaron” las fuerzas mayoritarias, sin argumentos más allá de respuestas demagógicas. Y lo seguí íntegro. Y concluí que, afortunadamente, no es arar en el agua.”
Pues nada, Rosa, o mejor, todo y a seguir. Un beso.
¿Sería posible ampliar un poco los objetivos?
He leido este articulo y parece el camino para evitar la corrupción.
¿No crees que eres tu y tu partido el que debe iniciarlo?
TRIBUNA: VÍCTOR LAPUENTE GINÉ
¿Por qué hay tanta corrupción en España?
La principal causa de los escándalos es el alto número de cargos de designación política en las instituciones nacionales, autonómicas y locales. Son redes clientelares que viven de que su partido gane las elecciones
VÍCTOR LAPUENTE GINÉ 27/03/2009
Para los que estudiamos la corrupción a nivel comparado, la reciente oleada de escándalos en España no representa ninguna sorpresa. Países como Francia, Italia, Portugal o España llevan años mostrando niveles de corrupción y de calidad de gobierno más parecidos a los de países autoritarios en vías de desarrollo que a los propios de democracias capitalistas avanzadas con décadas de pertenencia a la OCDE. ¿Qué factores separan a estos países, y en particular a España, de las democracias libres de corrupción?
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En EE UU el alcalde no puede colocar a mucha gente.
El Ayuntamiento lo gestionan profesionales
En muchas ciudades europeas sólo tres o cuatro personas son nombradas por el partido ganador
Una primera tentación que hay que evitar es la de afirmar que la corrupción está en “nuestra cultura”. Se trata de un argumento peligroso e intelectualmente poco satisfactorio, pero que, sin embargo, goza de cierto predicamento en algunos círculos -posiblemente los mismos que afirmaban no hace tanto tiempo que la democracia representativa o el capitalismo no tenían espacio en nuestra cultura mediterránea y/o católica. Como un creciente número de estudios está demostrando, la causalidad parece ir en todo caso en la dirección opuesta: los países desarrollan “malas” culturas -o culturas donde predomina la desconfianza social- como consecuencia de unos elevados niveles de corrupción.
Una segunda tentación a evitar es el impulso legalista, con mucho arraigo en España, uno de los países del mundo con una mayor proporción de abogados en sus administraciones. Desde la visión legalista, expuesta, por ejemplo, por el Tribunal de Cuentas en un informe sobre corrupción local, lo que explicaría la misma en España sería “la falta de regulación”, que “permite un margen de discrecionalidad, no siempre acorde con la protección del interés público”. Pero, ¿alguien puede de veras creer que la solución a la corrupción local consiste en regular todas y cada una de las actividades de estas administraciones?
Sorprende comparar la actitud de nuestro Tribunal de Cuentas con sus equivalentes nórdicos: en ellos, en lugar de artículos con detallados procedimientos, encontramos simplemente alguna presentación de powerpoint señalando que el objetivo es evitar una “deficiente contabilidad”, dejando discreción casi absoluta a los auditores públicos sobre cómo llevar a cabo su labor de fiscalización.
Como la literatura moderna sobre corrupción señala, las causas de la corrupción no hay que buscarlas en una “mala cultura” o en una regulación insuficiente, sino en la politización de las instituciones públicas. Las administraciones más proclives a la corrupción son aquéllas con un mayor número de empleados públicos que deben su cargo a un nombramiento político. Y aquí, el contraste entre España y los países europeos con niveles bajos de corrupción es significativo. En una ciudad europea de 100.000 a 500.000 habitantes puede haber, incluyendo al alcalde, dos o tres personas cuyo sueldo depende de que el partido X gane las elecciones. En España, el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de altos cargos y asesores, y, a la vez, tejer una red de agencias y fundaciones con plena discreción en política de personal. En total, en una ciudad media española puede haber cientos de personas cuyos salarios dependen de que el partido X gane las elecciones.
Esto genera diversos incentivos perversos para la corrupción. Los empleados públicos con un horizonte laboral limitado por la incertidumbre de las próximas elecciones son más propensos a aceptar o a solicitar sobornos a cambio de tratos de favor que los empleados públicos con un contrato estable. En segundo lugar, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría del mundo occidental, donde los políticos locales están forzados a tomar decisiones junto a funcionarios que estarían dispuestos a denunciar cualquier sospecha de trato de favor, en España toda la cadena de decisión de una política pública está en manos de personas que comparten un objetivo común: ganar las elecciones. Esto hace que se toleren con más facilidad los comportamientos ilícitos, y que, al haber mucho más en juego en las elecciones, las tentaciones para otorgar tratos de favor a cambio de financiación ilegal para el partido sean también más elevadas.
¿Qué podemos hacer para reducir esta politización? La experiencia de otros países resulta ilustrativa. Por ejemplo, entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de Estados Unidos presentaban unos niveles de politización y corrupción tan estratosféricos como los reflejados en la película Gangs of New York, donde el gobierno de la ciudad aparece capturado por redes clientelares e incluso criminales. Unos años después, la extensa politización de las administraciones locales -y, de su mano, la corrupción- descendió de forma drástica gracias a reformas institucionales como la sustitución del tipo de gobierno strong-mayor (el tipo de gobierno local que predomina en España, en el cual un solo cargo electo, el alcalde y su mayoría de gobierno, acumula mucho poder) por el denominado city-manager. En esta nueva forma de gobierno, los cargos electos retienen la capacidad legislativa, pero el poder ejecutivo pasa a manos de un directivo profesional nombrado por una mayoría cualificada de concejales y por un periodo de tiempo no coincidente con el ciclo electoral, reduciendo así el grado de dependencia política.
Este tipo de gobierno, o variantes del mismo, ha sido adoptado en las administraciones locales de los países occidentales que presentan menores niveles de corrupción. En ellos, el partido que gana las elecciones tiene las “manos atadas” a la hora de hacer nombramientos, porque existe un directivo profesional que gestiona la organización administrativa, o bien debe llegar a amplios acuerdos con otras fuerzas políticas, incluyendo con frecuencia a las de la oposición, para nombrar a cargos públicos. En general, se trata de buscar mecanismos institucionales para que se seleccionen empleados públicos cuya continuidad en el cargo dependa de su competencia o mérito y no de su lealtad política.
Es importante subrayar que el nivel de competencia de los empleados no es sinónimo de lo que tradicionalmente se interpreta como sistema de mérito en España; es decir, unos funcionarios públicos seleccionados mediante oposiciones y con una plaza “en propiedad” de por vida, con independencia de su rendimiento. La evidencia empírica nos muestra que no es necesario tener una administración repleta de funcionarios para reducir la corrupción. Por ejemplo, los dos países menos corruptos del mundo en 2008, Suecia y Nueva Zelanda, eliminaron hace años el estatus funcionarial para la gran mayoría de sus empleados públicos, que en la actualidad se rigen por la misma legislación laboral que cualquier trabajador del sector privado.
¿Podemos aspirar en España a unas administraciones más flexibles y eficientes y, a la vez, menos corruptas? El principal obstáculo para ello es que aquí el debate público está atrapado entre dos visiones antagónicas e indeseables ambas. Por un lado, los partidos políticos que, amparándose en la rigidez tradicional de la administración pública, han fomentado instituciones que permiten una alta politización de la administración y, por tanto, generan corrupción. Por otro, los representantes de los cuerpos de funcionarios que abogan por el mantenimiento de un sistema de empleados públicos inamovibles. Quien obviamente paga las ineficiencias derivadas de la politización y de la rigidez administrativa son los ciudadanos.
Aunque esta situación parezca irreversible, la experiencia de otros contextos debe infundirnos optimismo. Cuando activistas como Richard Childs -hombre de negocios y promotor de un tipo de gobierno local basado en directivos profesionales como los existentes en el sector privado- iniciaron su improbable lucha contra la politización y la corrupción que asolaban la mayoría de niveles administrativos en Estados Unidos hace ya más de un siglo, se enfrentaron a redes clientelares cuyo poder parecía inexpugnable. Sin embargo, triunfaron porque fueron capaces de movilizar los intereses de aquellos que en última instancia generaban la riqueza del país, convenciéndolos de que ésta se estaba malgastando no con malas políticas públicas, sino con malos políticos, o mejor dicho, con la pervivencia de malas instituciones utilizadas por los políticos para sostener sus redes clientelares. ¿Podrá alguien en España movilizar esos intereses?
Víctor Lapuente Giné es profesor de Ciencia Política en el Quality of Government Institute de la Universidad de Gotemburgo (Suecia).
Hay que conseguir muchos votos para UPyD si queremos echar de los ayuntamientos a los enemigos de la democracia. Si os habeis fijado bien lo que esto conlleva, se quedarian vacios la mayoria de ellos, desde el pueblo mas pequeño hasta la capital del reino. Y no habria celdas suficientes en nuestro sistema penitenciario para tanto malversador de fondos y todos los delitos asociados a la corrupcion que vemos a diario en la TV. Me gustaria poder contar a mis nietos que yo vi el fin de la corrupcion politica en España, tarea ardua pero no imposible.